Por Santiago Campeni
El pasado 28 de julio la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó con 161 votos a favor, 8 abstenciones y ningún voto en contra una resolución que declara el derecho a un medio ambiente sano y limpio, como un derecho humano universal. El Secretario General Antonio Guterres calificó de histórico este hito, significando un paso en la adopción de políticas para enfrentar la triple crisis planetaria de biodiversidad, contaminación y cambio climático.
Esta resolución sigue el camino de otras declaraciones tanto a nivel nacional e internacional, como la del pasado octubre del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que declaró el acceso a un «medio ambiente limpio, saludable y sostenible» como un derecho humano universal. También, a nivel regional el 22 de abril de 2021 entró en vigencia el Acuerdo de Escazú, siendo el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Otro suceso, fue lo sucedido en el Tribunal Supremo de los Países Bajos en 2019 que estableció ante la demanda de un grupo de ambientalistas que el Estado Nacional debía aumentar sus esfuerzos para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que consideraba al cambio climático una amenaza para los derechos humanos.
El acceso a un ambiente sano es fundamental para garantizar la aplicación de otros derechos humanos como el de acceso a la salud, al agua y saneamiento y una alimentación saludable. Los proyectos industriales que buscan extraer recursos degradando el ambiente y el cambio climático -que genera olas de calor y sequías cada vez más intensas-, afectan directamente estos derechos. Un ejemplo claro de esto es lo que sucede en la cuenca Matanza Riachuelo, donde las curtiembres descargan sus efluentes al curso de agua y donde se han encontrado plomo en sangre de niños que vivían en la margen del rio, además de que muchas de las personas que viven allí no cuentan con acceso a agua potable o cloacas.
Esta resolución servirá solo si se aplica, y no queda meramente en los papeles, ya que se trata de un acuerdo no vinculante. Es necesaria la presión de la ciudadanía para que esto suceda. La legislación ambiental es dispar en las diferentes naciones, y no es aplicada con el mismo rigor en todos lados, haciendo que las personas enfrenten complicaciones para que los gobiernos o empresas les den una respuesta. Esta medida ayudará a que los ciudadanos frenen decisiones que atenten contra el medio ambiente, ayudando en la legislación de derechos humanos que está bien legislada en la mayoría de los países.
«Desde su aparición en la Declaración de Estocolmo de 1972, el derecho se ha integrado en constituciones, leyes nacionales y acuerdos regionales. La decisión de hoy eleva el derecho al lugar que le corresponde: el reconocimiento universal» dijo Igner Andersen, titular del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En Argentina el artículo 41 de la constitución nacional establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo.”
Los ocho Estados que se abstuvieron fueron: China, Rusia, Bielorusia, Camboya, Irán, Kirguistán, Siria y Etiopía, mientras que el documento fue presentado por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza.
