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América Latina sigue siendo el continente más peligroso para los defensores ambientales según Global Witness

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América Latina sigue siendo el continente más peligroso para los defensores ambientales según Global Witness

Por Santiago Campeni

El pasado 29 de septiembre de 2022 Global Witness, una ONG internacional fundada en 1993 con sede en Londres y Washington DC, que trabaja para frenar la explotación de los recursos naturales y sus vínculos con las violaciones de derechos humanos, ha publicado su informe anual en el que expone cuantos defensores ambientales han sido asesinados el año anterior y que países son los más peligrosos para estos activistas.

El informe titulado “Una década de resistencia, diez años informando sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente alrededor del mundo” expone que tan solo en 2021 200 personas murieron por defender causas ambientales, siendo México, Colombia y Brasil los tres países donde más se cometieron asesinatos. Las causas principales por las cuales las víctimas perdieron su vida se asocian a conflictos por la tierra, industrias extractivas como la minería y la instalación de represas hidroeléctricas entre otras. 

Más de tres cuartas partes de los ataques registrados ocurrieron en América Latina, convirtiendo nuevamente al continente en el más riesgoso para defender el medio ambiente. En Brasil, Perú y Venezuela, el 78 % de los ataques se produjeron en la Amazonía, siendo los principales afectados las comunidades indígenas, que viven muchas veces en condiciones de extrema vulnerabilidad ante los afrentas que reciben de los gobiernos o las empresas que buscan extraer recursos de sus territorios. 

Si América Latina es el continente más peligroso, el país que encabeza este negativo ranking es México, con 54 asesinatos. La mayoría de ellos están asociados a actividades mineras y se dieron en territorios como Oaxaca y Sonora, donde la minería tiene fuerte presencia. Si bien México ha ratificado el acuerdo de escazú, que justamente viene a defender a los defensores ambientales, no cuenta con el presupuesto debido y todavía falta para su plena implementación, por lo que lamentablemente la impunidad sigue siendo moneda corriente, más del 94 % de los delitos no se denuncian y solo se resuelve el 0,9 %.

Brasil en el último año ha demostrado un aumento de los ataques letales de 20 a 26. El país se encuentra en una peor situación desde que la administración de Jair Bolsonaro ha desmantelado gran parte de las políticas en defensa del medio ambiente, como desfinanciar las agencias de protección forestal e indigena. Esta situación da libre albedrío a organizaciones criminales para que aumente la extracción ilegal de recursos en territorios indígenas, eliminando a toda persona que se interponga en el camino de estas actividades. Sin duda el asesinato más resonante ha sido el de Bruno Pereira y Dom Phillips, quienes perdieron la vida mientras documentaban lo que ocurria en el Valle de Javari en la amazonia brasilera. 

El documento publicado coincide con el aniversario número diez desde que Global Witness ha comenzado a contabilizar las muertes de defensores ambientales. Desde que se comenzaron los registros 1773 personas perdieron la vida en defensa del ambiente y Brasil y Colombia fueron los dos países donde se cometieron más crímenes. Si bien en Colombia desde hace 6 años que rige el Acuerdo de Paz que ha puesto fin a largos años de lucha armada entre el gobierno y las fuerzas armadas revolucionarias la violencia contra los defensores ambientales parece estar lejos de terminar. 

Sin embargo, no todo son malas noticias en este informe. Luego de diez años de documentar diversas violaciones a derechos humanos, se han conseguido algunos logros. En Honduras, otro país donde los activistas ambientales viven una situación extremadamente vulnerable, en julio de 2021 fue condenado a 22 años de prisión quien mandó a matar a Berta Caceres, una activista indigena que se oponía a la instalación de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque. Quien fue hallado culpable fue Robert David Castillo, el entonces director de la empresa que tenía intenciones de instalar la mencionada represa. 

Para finalizar, en Brasil la Corte Suprema del país falló por unanimidad revisar el proceso en torno a un caso anterior que canceló el mapeo de un territorio indígena reclamado por el Pueblo Guaraní Kaiowá. El territorio de Guyraroká en el centro de la disputa se extiende por unas 11.000 hectáreas en Mato Grosso do Sul, en el corazón agrícola de Brasil. Gran parte del área en disputa está controlada por José Teixeira, un poderoso político y ganadero.