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La legislatura de Córdoba modificó la Ley de Política Ambiental Provincial

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La legislatura de Córdoba modificó la Ley de Política Ambiental Provincial

Por Santiago Campeni

El pasado 18 de agosto, la legislatura de la provincia de Córdoba modificó los anexos I y II de la Ley 10.208 de Política Ambiental Provincial. Dichos cambios fueron propuestos por la secretaría de ambiente de la provincia. A continuación analizaremos qué significa esto en materia ambiental, y porque desde varios movimientos ambientales se acusa al gobierno provincial de estar desmantelando las políticas ambientales.

La modificación de los anexos I y II tocan temas como la necesidad de realizar audiencias públicas para determinados proyectos y de presentar estudios de impacto ambiental.  Entre los emprendimientos que ya no necesitarán pasar por análisis ambientales se encuentran silos que superan las 2500 toneladas en zonas rurales, antenas de telefonía celular, y loteos que no superen las 25 parcelas. Esto último podría tener un gran impacto en una provincia que solo cuenta con un 5% de bosque nativo en sus sierras según datos de la Universidad Nacional de Córdoba. 

La modificación de esta ley va claramente en contra de fomentar la participación ciudadana en proyectos que puedan tener un impacto ambiental, yendo a contramano del interés de los pobladores de la provincia. Un ejemplo claro es lo sucedido en la localidad de Malvinas Argentinas, donde se pretendía instalar una planta procesadora de semillas de la siempre polémica Monsanto, donde los ciudadanos cortaron las rutas que transitaban los camiones que entregaban los materiales para la construcción de la planta, logrando luego de mucha lucha, que la corporación de agroquímicos desistiera de instalarse en esa zona. 

Ademas ahora los desmontes realizados para obras publicas quedaran enmarcados en la Ley de Bosque Nativo 9817 que establece que en las ”Categorías de Conservación I (rojo) y II (amarillo) se podrá autorizar la realización de obras públicas, de interés público o de infraestructura. Para el otorgamiento de dicha autorización, la Autoridad de Aplicación deberá, en su caso, someter el pedido a un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y su correspondiente audiencia pública.” Casualmente otro punto de conflicto entre las organizaciones ambientales y el Gobierno de Córdoba se da por la intención de este último de instalar una autovía en la región de Punilla, ya que el trazado transita sobre miles de hectáreas de bosque protegido.

El trámite legislativo no contó con el proceso de consulta pública y el debido acceso a la información establecidos en el Acuerdo de Escazú, vigente por ley nacional 27.566, que ha firmado la Argentina, según denuncian las organizaciones ambientales. Además se acusa que se está violando el principio de progresividad, establecido en la Ley General del Ambiente, que menciona que no se puede ir marcha atrás en materia de legislación ambiental, sino que debe siempre avanzarse hacia políticas que garanticen una mejor protección de la naturaleza.

Para conocer más sobre en que puede impactar en materia ambiental la modificación de esta legislación, le preguntamos a Agustin Cerda, Activista ambiental cordobés y estudiante de abogacía, que forma parte de Foro Ambiental Córdoba cuál era su opinión al respecto.

¿En qué afecta en materia ambiental la modificación de la ley?

Me opongo a la reforma de los anexos de la Ley Provincial 10.208 porque no es una clarificación y simplificación de conceptos como plantean desde el oficialismo, si no que es permitir que en cada vez menos proyectos se convoque una audiencia pública o se exija un Estudio de Impacto Ambiental. Esta iniciativa no solo permite eso, sino que implica una gravísima violacion al Principio de Progresividad, no podemos ir para atrás en protección ambiental, debemos necesariamente ir hacia adelante. Es decir, y para que se entienda, a partir de ahora, la principal ley ambiental de la provincia va a dejar que más proyectos impacten en nuestra biodiversidad sin ningún tipo de control.

¿Qué proyectos podrían facilitarse con esta modificación de la ley que afecten a la biodiversidad ?

Un ejemplo claro son los loteos: antes, la normativa fijaba un mínimo de 3 hectáreas para convocar a una audiencia pública, y ahora, cualquier emprendimiento menor a 25 lotes (de cualquier tamaño) no tiene que pasar por ese proceso como lo hacía hasta ahora.