En materia ambiental tampoco hay plan

Juan Carlos Villalonga. Ecologista y político. Especialista en temas de Energía y Clima.


Juan Carlos Villalonga
Especialista en temas de Energía y Clima. Ex Diputado Nacional Cambiemos.

Pasados ya los dos primeros años del gobierno de Alberto Fernández, podemos hacer un balance de medio término sobre su política climática/ambiental y el rol que ocupa el Ministerio de Ambiente en la promoción de la “agenda verde” a nivel local y global. Y digo que es tiempo de hacer esta revisión, sobre todo porque el 2021 fue un año de escándalos que, debido a la baja relevancia que aún tiene el tema en la agenda pública, no han sido considerados en sus verdaderas dimensiones. Me voy a centrar sólo en tres de ellos.


1) Implosión del gabinete interministerial de cambio climático y explosión de la política climática
Para mí, este es el tema más importante, no sólo porque atañe a la política ambiental más relevante sino, además, porque se dinamitó una institucionalidad clave para coordinar de forma transversal la política doméstica y la estrategia internacional.

El gabinete fue creado por resolución en el año 2016 y luego refrendado por la Ley 27.520 en 2019. Constituye un espacio en el que todas las áreas de gobierno participan para debatir, coordinar y decidir el plan de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y su consecuente meta. Es decir, se decide cuántas emisiones recortará cada sector y subsector, cuál será la política pública para realizarlo, la estrategia general del país de acuerdo con su perfil climático, su estructura productiva, sus recursos, los posibles conflictos, etc. La autoridad de este espacio es el Ministerio de Ambiente de la Nación, a cargo de las convocatorias, las negociaciones, la coordinación y la presentación del compromiso nacional resultante ante el Acuerdo de París.

El ejercicio de la actualización del compromiso nacional 2020 (conocido como NDC) muy prometedor al inicio – Argentina aumentó la ambición de su meta climática de manera significativa- terminó en un escándalo en el escenario internacional. En la COP26, realizada en Glasgow en noviembre de 2021, quedó en evidencia que el país no había coordinado un plan, que la meta propuesta y presentada por el propio Alberto Fernández en la cumbre y otras reuniones y foros internacionales no contaba con la anuencia de los diferentes sectores.

La Secretaría de Energía y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca presentaron sus propios planes de reducción de emisiones o posiciones por fuera de la propuesta nacional y en disonancia con ésta (ninguna de estas áreas tiene previsto realizar demasiados esfuerzos por reducir sus emisiones). Energía lo hizo remitiéndole una nota informativa al responsable del gabinete pocos días antes de la COP26; mientras que Agricultura lo hizo público y realizó, además, su propio viaje a Glasgow. Con este simple acto, Energía y Agricultura – los dos sectores representan el 90% de las emisiones de la Argentina- desconocieron la autoridad del Ministerio de Ambiente, no refrendaron el proceso llevado adelante en la elaboración de la NDC y dinamitaron la meta de reducción de GEI propuesta por la Argentina. Tal es así que, a esta altura el gobierno no cuenta aún con un plan de reducción de emisiones al 2030, año en el que finaliza el primer período del Acuerdo de París.

Este conflicto terminó con un funcionario removido de su puesto y con la política climática en pausa. Un capítulo aparte merecería el corrimiento de Cancillería de la centralidad en las negociaciones internacionales en materia climática, que viene de más larga data, pero no avanzaremos aquí en ello.


2) El fracaso de la Ley de Envases
El incremento en la generación de residuos -especialmente plásticos- se ha convertido en un problema a nivel global que se ha hecho más evidente en los últimos años debido a la contaminación de los mares y océanos. La cuestión alcanza tal magnitud que ya forma parte de la agenda ambiental del G20 y en febrero próximo, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, se comenzará a negociarse un acuerdo internacional que, entre otras cosas, establezca requisitos para las políticas domésticas de gestión de residuos.

Es claro que la normativa argentina en esta materia está desactualizada y que el país se encuentra muy retrasado en políticas públicas al respecto, no sólo en relación con los países desarrollados sino también con la región.
La conocida “Ley de envases”, nunca sancionada, es el ejemplo más elocuente del retraso local: lleva más de 20 años debatiéndose en el Congreso de la Nación. Todos los períodos legislativos se presentan proyectos de ley diferentes, pero no han avanzado.

Hacia finales de 2021 el Ministerio de Ambiente elaboró un proyecto de ley propio -activamente promovido por el diputado Máximo Kirchner-, que fue presentado en la Cámara de Diputados en el mes de noviembre y tuvo un tratamiento express. El proyecto no sólo recibió menos giros a comisión de los que les otorgaron a proyectos sobre el mismo tema y presentados con anterioridad -llamativamente no fue girado a la comisión de industria-, sino que, además, en las comisiones intervinientes (todas presididas por el FdT), sólo se consideró el proyecto oficialista.
Más allá de los beneficios otorgados en su trámite legislativo, el proyecto de ley del oficialismo, que buscaba establecer una tasa/impuesto para que el estado gestione los envases posconsumo, resultó ser inconstitucional – desconocía cuestiones clave en materia de tributos y desconocía principios básicos de las leyes de presupuestos mínimos. Además, no hacía caso a más de 40 años de experiencias internacionales y regionales en materia de responsabilidad extendida del productor -principio que la norma decía implementar-, que desaconsejan el establecimiento de tributos recaudados por el estado debido a que generalmente son utilizados para otros fines y no han dado resultados en la minimización de la generación de residuos.

El proyecto no prosperó debido a que el oficialismo no consiguió los votos necesarios en Diputados. Sufrió el rechazo de la oposición, de legisladores del FdT, de la industria y cuestionamientos por parte de especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Es decir, alteraron los giros, cancelaron el debate de los proyectos presentados con anterioridad y no consideraron la experiencia previa en este tipo de sistemas de gestión. Chocaron con una pared y, por no aceptar modificaciones, el proyecto no prosperó. Seguimos sin ley de envases.


3) La agenda energética y los permisos de exploración offshore en el Mar Argentino

En julio de este año, el Ministerio de Ambiente organizó la audiencia pública correspondiente a la habilitación de proyectos de exploración sísmica en el Mar Argentino para detectar recursos fósiles para la generación de energía. El proyecto, que venía del gobierno anterior, cuenta con la contraparte estatal de YPF y el visto bueno de la Secretaría de Energía.

La audiencia contó con la promoción de organizaciones ambientales, logrando una participación significativa -320 expositores-, que obligó a realizar tres jornadas consecutivas con el resultado de una rotunda mayoría en contra. Sugestivamente, la audiencia contó con una muy débil defensa del proyecto por parte de los actores interesados, incluida YPF y la Secretaría de Energía.

A horas de finalizada la convocatoria, el Ministerio de Ambiente comunicó que no aprobaría nuevos permisos para buscar petróleo sin tener un plan oficial del área de energía que explique cuáles son los objetivos de descarbonización de la Argentina.

El plan de descarbonización no apareció – o lo que apareció, como se señaló más arriba, poco tiene de descarbonización y no está atado a la meta de reducción de emisiones de GEI que el mismo Ministerio de Ambiente promueve- pero el 30 de diciembre del año que recién finaliza, el ministro Juan Cabandié, mediante la Resolución 436/2021, habilitó la exploración.

En el marco del compromiso climático, el gobierno tuvo una gran oportunidad de acordar una política en materia de hidrocarburos con los sectores productivos, la oposición y la sociedad civil. Eso fue al momento de definir su meta de emisiones 2030 (NDC) y una hoja de ruta de neutralidad al 2050. Lo hizo solo, y lo hizo mal. La consecuencia es tener hoy todos los frentes abiertos: el destino incierto de la mina de carbón de Río Turbio; protestas por la explotación de Vaca Muerta y la exploración en el mar; el naufragio del proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas y una política energética que no logra un rumbo.

Guste o no la cuestión ambiental/climática representa una variable cada vez más importante en materia económica, y está presente tanto en decisiones de inversión como en el comercio internacional. Esta agenda es completamente transversal, por lo que no recae únicamente en el Ministerio de Ambiente. El rol que debe asumir esta cartera es clave para la coordinación de una política pública articulada en un país federal, teniendo en cuenta que cualquier plan de desarrollo, de aquí en más, necesariamente estará condicionado por esta agenda. Y en este marco, la conversación con otras fuerzas políticas y la sociedad civil es clave para no seguir chocando contra una pared.