Qué debe hacer el Congreso para cumplir la nueva meta de emisiones de gases de efecto invernadero

María Eugenia Testa,. Directora del Círculo de Políticas Ambientales

El Congreso de la Nación detenta un rol clave en el cumplimiento de la nueva contribución para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero presentada por la Argentina en diciembre de 2020, que será oficializada en la COP26 que se desarrolla en Glasgow, Escocia. Recordemos que el país ofreció un recorte de sus emisiones de un 26% con respecto a su contribución anterior (2016), lo que implica una estabilización al 2030 y la carbono neutralidad al 2050. Esto significa un cambio rápido y drástico en diferentes sectores de la economía, como la generación de energía, la agricultura y la ganadería, la producción y el consumo, etc.

Los diez años que nos distancian del 2030 abarcarán tres períodos presidenciales, y la etapa que culmina en 2050 algunos más. Por ende, se torna necesaria la concertación de un proyecto de desarrollo de alto nivel entre las diferentes fuerzas políticas del país, por lo que se requerirá de una escala de acuerdos políticos, sociales y económicos sin precedentes.


En relación con la elaboración de las políticas públicas destinadas a la descarbonización de la economía y la adaptación al cambio climático, el Congreso de la Nación cumple un rol fundamental. Las principales políticas en materia climática han surgido a la luz de leyes nacionales que incluyeron un debate político y social en el marco del Parlamento.
En ese sentido, será tarea de los legisladores nacionales adecuar, tratar y sancionar normativa que contribuya a alcanzar las metas de reducción de GEI establecidas por el gobierno nacional. Leyes como las de cambio climático (Ley 27.520); de energías renovables (Ley 27.191); de promoción del hidrógeno (Ley 26.123), o de gestión de residuos (Ley 25.916) deberán ser adecuadas total o parcialmente para alinearse a la nueva contribución nacional.


Por otro lado, el Congreso deberá avanzar en la regulación de cuestiones que hoy ya resultan ineludibles: la protección de los humedales, la eficiencia energética, la producción limpia de la industria y de la electromovilidad, entre otras. Asimismo, es tiempo de asignar a legislación clave -como la de protección de bosques nativos- la partida presupuestaria que le corresponde por ley. El presupuesto nacional debería comenzar a analizarse teniendo en cuenta criterios climáticos. El que se sancione en 2022 será el primero enmarcado en estas nuevas metas de reducción de emisiones de GEI. Los objetivos comprometidos deberían dar una nueva dirección a las inversiones en obra pública y a la promoción de actividades o sectores económicos; y contemplar el costo de la prevención y de las consecuencias de
aquellos eventos asociados al cambio climático.


El Congreso de la Nación cuenta con la atribución de promover regulaciones de alcance nacional, como las leyes de presupuestos mínimos, que garanticen el derecho a un ambiente sano y generen certidumbre a todos los actores sociales y económicos para iniciar un camino de desarrollo orientado hacia la neutralidad de carbono al 2050.