La movilidad eléctrica debe despegar también en Argentina

La incorporación masiva de renovables en la generación eléctrica es sustancial para el proceso de descarbonización de la economía que deberá ocurrir en las próximas tres décadas. Al mismo tiempo se tiene que expandir la electrificación de más sectores y usos finales de la energía, uno de los más importantes es el transporte. Se trata de desplazar los
combustibles fósiles del sector que es responsable del 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Argentina.


La discusión en torno a la necesidad de un marco regulatorio específico para impulsar la electromovilidad en la Argentina ya lleva varios años y aún está prácticamente sin avances. Un paso significativo en cuanto a medidas de aliento para la incorporación de estas nuevas tecnologías fue la publicación en 2017 del Decreto Nacional 331 por el que se estableció alícuotas reducidas para la importación de vehículos híbridos, eléctricos y a celdas de combustible (hidrógeno). Originalmente esta media tenía vigencia por tres años. Esa primera medida apuntó a la necesidad de acelerar el proceso de asimilación de estas nuevas tecnologías dentro del mercado automotor local. Conocer las prestaciones y ganar confianza en las nuevas tecnologías permite a que los usuarios se vuelquen más rápidamente a la electromovilidad. Debido al alto costo de estos vehículos resulta razonable tomar una medida de alivio en la carga impositiva al momento de importarlos. La temporalidad de tres años procuraba generar un régimen transitorio hasta tanto se estableciera un régimen más amplio de promoción e impulso de la movilidad limpia o de bajas emisiones.


Desde 2017 comenzaron a ingresar al país, en cantidades muy acotadas, vehículos eléctricos provenientes de marcas que ya tienen presencia en el mercado local como fabricantes de vehículo convencionales, ya que éste era uno de los requisitos para acceder a los beneficios. La cantidad máxima prevista de unidades a ingresar era de 6.000 en total, unas 2.000 unidades por año. Debido a que la cantidad de vehículos efectivamente importados fueron bastante menos a lo previsto, en marzo de 2019 se eliminó la obligatoriedad de sólo beneficiar a la importación de unidades de marcas con presencia local. Con esa mayor apertura, la evolución de incorporación de vehículos eléctricos e híbridos fue rápidamente a la suba llegándose a patentar unos 1.500 vehículos durante 2019 y unos 2.400 durante el 2020.


Cabe señalar que la inmensa mayoría de los vehículos adquiridos por el automovilista argentino han sido modelos híbridos, es decir aquellos que combinan un motor a combustión convencional y un motor eléctrico que funciona en determinadas etapas de la marcha. Estos modelos ofrecen, en definitiva, una mayor eficiencia en el consumo de combustibles, sin llegar a ser vehículo de cero emisiones. Muchas marcas apuestan a estos modelos por ser los que mejor se adaptan a una adopción gradual de los vehículos enteramente eléctricos. Los conductores se sienten más seguros con un vehículo híbrido ya que pueden modernizar su vehículo sin depender enteramente de una infraestructura de carga que recién se irá desplegando a lo largo del territorio en los años venideros.


Desde 2017 a 2019 hubo una incipiente actividad legislativa en el Congreso de la Nación procurando acelerar la discusión de una norma nacional sobre electromovilidad o movilidad sostenible. Luego de una serie de reuniones con empresas y cámaras del sector se elaboró un proyecto de ley que recogía en buena medida las expectativas del sector y diversos proyectos preexistentes en el Congreso Nacional. Más recientemente, el actual Gobierno Nacional presentó su propia iniciativa legislativa en esta materia la que, entre otras cosas, establece el año 2041 como fecha límite para las ventas de automóviles con motor a combustión.


Con los recientes anuncios realizados desde el Gobierno Nacional es de esperar que tengamos pronto un debate legislativo en el que se debe reflejar medidas de impulso a la adopción de la movilidad eléctrica y otras tecnologías como el hidrógeno y el uso de combustibles alternativos; la necesidad de adoptar medidas tendientes a fortalecer la industria local automotriz para que este recambio tecnológico no repercuta negativamente en el empleo del sector; y establecer normas regulatorias sobre la nueva infraestructura de recarga e incentivos para la adquisición de vehículos de cero emisión.


En los últimos años surgieron también iniciativas de carácter local que procuran otorgarle beneficios a la movilidad eléctrica actuando sobre algunos incentivos jurisdiccionales. Una de las medidas más importante en este sentido es otorgar beneficios en el pago de patentes para este tipo de vehículos. En la Ciudad de Buenos Aires hay una exención en el pago anual, igual que Santa Fe, la ciudad de Neuquén y Río Grande. Mendoza cuenta con el mismo beneficio y allí se estudia además una ley más amplia para incentivar el mercado en la provincia.


Los vaivenes y las incertidumbres a las que han estado sometidos los proveedores de unidades híbridas y eléctricos es un ejemplo claro de lo necesario que es contar con una norma nacional que establezca un régimen nacional para promover la movilidad eléctrica en sus diferentes manifestaciones. Sólo de esta manera es posible tener la estabilidad para desarrollar firmemente un nuevo mercado, además, debería generar incentivos y señales para alentar la fabricación local de estos modelos de automóviles.


Una futura Ley Nacional de electromovilidad debería contemplar un régimen estable y previsible en relación a la importación de vehículos, al mismo tiempo que generar condiciones y aliento a la industria automotriz nacional para incorporar líneas de producción de sus modelos eléctricos. Dicho régimen debería diseñar un marco legal en el que se
desenvolverá la infraestructura de carga eléctrica de manera de conciliar con los servicios de distribución de energía. Deberá también generar metas y políticas para la introducción de buses urbanos e interurbanos eléctricos, flotas de vehículos de alquiler, flotas oficiales y corporativas y otros nichos de movilidad que pueden tener un desarrollo prioritario.


Con mucha demora, incluso en comparación con lo que ocurre en América latina, el mercado local ha comenzado a moverse. Según estadísticas recientes, parece ser que este año va camino a ser otro récord de ventas e incluso el segmento de motos muestra una dinámica muy interesante, aunque aquí las estadísticas no son fiables ya que no todo el parque se patenta. Pero para que este mercado pueda estar a la altura del recambio tecnológico que debe venir, de la magnitud y la velocidad con que debe ocurrir, es imprescindible un marco regulatorio integral para este nuevo sector.


Tengamos en cuenta que la movilidad eléctrica ha comenzado a desarrollarse de un modo vertiginoso que hará que para 2025 la totalidad de las marcas de automóviles ofrezcan sus alternativas eléctricas a los modelos tradicionales. Para ese momento los precios comenzaran a converger y alcanzar la plena competitividad entre las unidades eléctricas y su competencia convencional. Para el fin de esta década ya están en vigencia algunas regulaciones que prohíben el ingreso de autos con motores a combustión en las áreas centrales de muchas grandes ciudades en el mundo.


Según un reciente informe de la Agencia Internacional de Energía para 2030 el 60% de las ventas globales de automóviles deberán ser eléctricos si queremos estar en línea con el cumplimiento de las metas climáticas establecidas por el Acuerdo de París. Ese mismo estudio nos señala que en 2035 deberá cesar por completo la comercialización de ventas de vehículos a combustión. Estas cifras nos pueden dar una idea de la velocidad que deberá tomar la transición dentro de la industria automotriz. Argentina no podrá estar ajena a esta dinámica y para eso debe prepararse.